La Comisión Europea ha presentado hoy su nueva propuesta sobre el ISDS, el polémico mecanismo de arbitraje entre inversores y estados que propone el TTIP. Sin embargo, no ha resuelto los problemas democráticos planteados por estos mecanismos de arbitraje. Para EQUO y Los Verdes Europeos estamos presenciando una operación de maquillaje.
Según Florent Marcellesi, nuestro portavoz en el Parlamento Europeo y miembro de Primavera Europea, «al no tener la capacidad de justificar la existencia de un mecanismo de arbitraje privado para el beneficio exclusivo de las empresas multinacionales, la Comisión ha encontrado la solución para resolver el «problema ISDS«: ¡Cambiar su nombre! El ISDS se convierte así en el «sistema judicial de inversiones» (ICS en sus siglas en inglés). A pesar de la introducción de algunos cambios para reducir los enormes conflictos de intereses vigentes en el sistema de arbitraje actual, esta nueva propuesta es puramente cosmética: no se ha dado una respuesta a las críticas fundamentales de los sindicatos, los consumidores, los ciudadanos, las PYMES, las regiones y ciertos parlamentos nacionales.
la Comisión ha encontrado la solución para resolver el «problema ISDS»: ¡Cambiar su nombre!
Se trata por tanto de una operación de maquillaje. La Comisión sigue ignorando la oposición al ISDS, cambiándole las siglas por ICS, y llevando así a cabo su plan: ceder a las empresas nuestra soberanía democrática. El ISDS, convertido en ICS, mantiene un sistema legal paralelo a los tribunales nacionales, ofreciendo a las empresas la capacidad de eludirlos. Los árbitros no son aún jueces públicos, y los conflictos de intereses no lograrán resolverse puesto que los estos árbitros procederán de bufetes de abogados interesados en un sistema muy lucrativo.
El ICS/ISDS sigue siendo un sistema que impone a los Estados, a la Unión Europea y a los contribuyentes la amenaza de fuertes sanciones económicas. El ISDS es principalmente una herramienta para presionar a las autoridades locales, a los Estados o a las instituciones europeas con el fin de lograr una legislación favorable.
Los escándalos recientes sobre los disruptores endocrinos, el tabaco, los transgénicos o los carburantes a partir de arenas bituminosas canadienses, confirmaron la connivencia entre la Comisión y los intereses privados en detrimento de los intereses de los ciudadanos europeos. Por último, el mecanismo de apelación previsto, se referirá solo al procedimiento y no al fondo.