EQUO considera que la ley de transparencia y buen gobierno, de la que hoy comienza a implementarse sus títulos I y III, no da respuesta a la demanda de la sociedad en estos momentos, cuando la preocupación por la corrupción y la falta de transparencia se ha disparado entre la ciudadanía según la última encuesta del CIS. Por su parte las autonomías, tendrán un año más para implementar las medidas.
“Las medidas son claramente insuficientes” dice Juantxo López de Uralde, co portavoz del partido verde. En este sentido, la ley de transparencia no incluye “ninguna medida de regulación de los lobbies, ni garantiza el acceso a la información de forma eficaz y ágil por parte de la ciudadanía, que serían mecanismos eficaces para dificultar la toma de decisiones a favor de los intereses de los corruptos y de las grandes compañías”.
Además, es urgente la puesta en marcha de otras medidas como incrementar las restricciones en el ejercicio de empleos adicionales al principal empleo público, la declaración de ingresos personales a cargos públicos pero también a altos cargos de la administración y funcionarios en puestos de responsabilidad, la obligatoriedad de una declaración de intereses privados relevantes para la gestión de contratos, la publicación de los regalos que se reciban en el ejercicio de una responsabilidad público, la declaración del patrimonio no solo personal sino también familiar o la imposición de restricciones en la propiedad de acciones y de empresas privadas.
Para Rosa Martínez, co-portavoz de EQUO, la necesaria transparencia del sistema político ha de estar vinculada con un nuevo proceso constituyente “La apuesta de EQUO es un Estado republicano, federal y laico; cuyos principios rectores sean la transparencia, la rendición de cuentas y la revocación de cargos públicos como herramientas de lucha contra la corrupción”.