Desde EQUO se llama a la ciudadanía a movilizarse contra el intento de Gallardón de limitar la Justicia Gratuita. Diversos colectivos de abogados se concentrarán el jueves 17 de julio a las 13 horas frente al Ministerio de Justicia para protestar por el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una reforma que Alberto Ruiz Gallardón pretende aprobar en el Congreso de los Diputados antes de que acabe el verano.
Entre las distintas asociaciones se encuentra la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio (CEAT) y la Agrupación de Jóvenes Abogados del ICAM (AJA-MADRID). Todos ellos pretenden, según el manifiesto que han redactado en defensa del “Turno de Oficio”, defender el servicio público prestado por 42.500 abogados los 365 días del año.
ALA denuncia que, de los 1.507 millones aprobados en los Presupuestos Generales del Estado para Justicia en 2014, apenas se destina un insignificante 2,28% a la Asistencia Jurídica Gratuita (unos 34 millones de euros para todo el país). Además se desconoce el destino de las ilegales tasas judiciales que por ley deben servir para sufragar la justicia gratuita.
Entre otros, según recoge el Manifiesto, la reforma perjudica al ciudadano al reducir el umbral económico de acceso a la justicia gratuita para las personas no integradas en una unidad familiar, al valorar la situación económica y patrimonial no sólo del interesado sino también de los integrantes de su unidad familiar, al establecer una presunción de abuso por parte de los que soliciten tres veces al año este derecho y al suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del turno de oficio en el lugar de asistencia al beneficiario del servicio, impidiendo una atención inmediata y cercana a éste.
Asimismo crea desigualdades al reconocer la justicia gratuita a algunos ciudadanos, colectivos y personas jurídicas, aunque cuenten con recursos suficientes para litigar, en contra del criterio general de capacidad económica del solicitante de este servicio, resultando discriminatorio y contrario a la propia esencia del art. 119 de la Constitución Española.
Por último, no incluye la gratuidad de diversas prestaciones como la asistencia letrada previa a proceso judicial en todo caso, la asistencia a los presos condenados, la designación de profesionales para la acusación particular, la exención de cauciones, depósitos y consignaciones ni la intervención de mediador, contador partidor, administrador judicial o concursal, intérprete o traductor, a pesar de que la intervención de dichos profesionales puede ser precisa durante la tramitación del proceso y sus costes muy probablemente tampoco podrá asumir el beneficiario de justicia gratuita.
Por tanto, con la nueva reforma no se garantizaría la financiación pública suficiente para mantener el sistema de justicia gratuita, no se respetaría ni dignificaría la labor de los abogados de oficio y se burocratizaría en exceso el servicio generando costes innecesarios. Desde EQUO -en consonancia con el Manifiesto- llamamos a la defensa de un turno de oficio digno, accesible, cercano y sin recortes y animamos a la ciudadanía a que apoye la concentración para preservar un derecho fundamental recogido en la Constitución Española como es el derecho a la defensa y el acceso a la jurisdicción de todos los ciudadanos.