EQUO ha expresado su rechazo a la reforma propuesta por el Gobierno, y que se discute hoy en el Congreso de los Diputados, para limitar el alcance del sistema judicial español en el ejercicio de la jurisdicción universal por entender que abre las puertas a la impunidad y desprotege a las víctimas.
EQUO defiende la restauración de la jurisdicción universal pura sin criterios de restricción, volviendo a la antigua redacción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no fijaba límites al ejercicio. La reforma aprobada en 2009 ya supuso un paso atrás en la protección internacional efectiva de los Derechos Humanos, permitiendo el fraude de ley, perjudicando a las víctimas y beneficiando a los que cometen este tipo de delitos (por ejemplo, genocidio y delitos de lesa humanidad).
Para EQUO la nueva reforma es un nuevo y enorme retroceso que permitirá una mayor impunidad de las redes criminales internacionales y en especial limitará la acción judicial en la defensa de los Derechos Humanos en el mundo.
En este sentido, para EQUO no cabe escudarse en la soberanía de los Estados ya que es sólo ante la dejación de otros estados en los crímenes más graves cuando el principio de la Jurisdicción universal cobra sentido. Tampoco la existencias de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional es solución suficiente ya que su alcance es limitado y países como EEUU, China o Rusia no han ratificado su Estatuto.
Los crímenes de lesa humanidad o genocidio, los que atentan contra el conjunto de la humanidad, no pueden limitarse, como pretende la reforma impulsada por el Ministro Gallardón, a la protección de víctimas españolas y residentes. Esta reforma no esconde otro motivo más que restringir la posibilidad de que la Justicia española pueda enjuiciar a las personas responsables de los crímenes más graves: contra los Derechos Humanos, narcotráfico, terrorismo… cuando éstos se comenten fuera de nuestras fronteras y ningún otro Estado actúa al respecto.
Además, con la reforma solo podrán iniciarse procesos judiciales de este tipo por iniciativa de la fiscalía, que depende del Gobierno y hace por tanto que cualquier procedimiento que el Gobierno estime que puede incomodar a otros países, muy posiblemente no prosperará. Además, la reforma tiene el efecto de parar y causar el archivo de todos los procedimientos ya en marcha: genocidio en el Tibet, Guatemala, Ruanda o Sahara, el asesinato de Ignacio Ellacurría y otras personas en El Salvador o el asesinato de José Couso.
Por todo esto, EQUO expresa su rechazo al texto del gobierno y reitera su compromiso en la defensa de los DDHH en cualquier lugar del mundo.