EQUO reclama el inicio de proceso constituyente que incorpore cambios urgentes en nuestra democracia

InfantaTras conocerse la noticia de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha llamado a declarar en calidad de imputada a la infanta Cristina por su relación en la gestión del instituto que presidía su marido, Iñaki Urdangarin, EQUO ha afirmado que espera que se llegue hasta el final y que este caso sea el principio del fin de la impunidad de la que han gozado algunas instituciones en nuestro país.

Para EQUO además evidencia la crisis democrática que atraviesa España que debe ser abordada de forma inmediata y sin miedo, ya que la separación actual entre la ciudadanía y las Instituciones que dicen representarla es cada vez mayor y está llegando a unos niveles que no son soportables.

Para EQUO es urgente reformar las instituciones actuales para que respondan y representen a los ciudadanos y las ciudadanas de este siglo. Y la Jefatura de Estado, una de las instituciones más obsoletas y opacas, requiere cambios profundos. Además este partido considera que el modelo de Estado debe ser consultado, a través de un referéndum u otro mecanismo de participación, a la ciudadanía.

“Desde EQUO defendemos que hay que abordar un nuevo proceso constituyente ciudadano que permita dotarnos de un marco legal que responsa a las exigencias de una democracia real y participativa” ha afirmado el coportavoz federal de EQUO, Juan López de Uralde, quien ha afirmado que artículos constitucionales como, el 56, que garantiza la inviolabilidad del Jefe de Estado, no tienen sentido en una sociedad moderna del siglo XXI.

Asimismo, EQUO ha hecho referencia a las supuestas cuentas que el monarca tiene en Suiza y de las cuales desconocemos todo, y ha reclamado transparencia en todas las instituciones del Estado.

Respecto a la inusitada rapidez de la Fiscalía Anticorrupción por recurrir la decisión del juez, EQUO ha afirmado que esta institución tendría que ser la primera interesada en llegar hasta el final sobre este caso, pero sin embargo, parece más interesada en salvaguardar a la Casa real que defender a la ciudadanía de comportamientos ilegales e inmorales.

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