Pedimos que la AP6 pase a ser de titularidad pública a finales de enero

Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hemos registrado hoy una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a no renovar la concesión a la empresa Iberpistas de la autopista AP-6 una vez que la única concesión legalmente vigente en la actualidad caduque el 29 de enero de 2018, y que desde ese momento sea gestionada directamente por el Estado

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO y Félix Alonso, diputado de En Comú Podem y portavoz en la comisión de Fomento, se han reunido por la mañana con las plataformas y asociaciones de Ávila y Segovia (Plataforma AP6 libre de peajes y Centaurea), para escuchar sus reivindicaciones de que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que el Estado asuma la gestión de la AP6.

Tras el caos circulatorio provocado los días 6 y 7 de enero en la AP-6, el grupo confederal considera que es necesaria la revisión de la situación en la que se encuentra la concesión adjudicada a Iberpistas.

El TJUE consideró que la última de las adjudicaciones de la AP6 incumplió la Directiva 93/37 sobre contratación pública; por lo que teniendo en cuenta dicha sentencia, la única concesión vigente sería la original (que data de 1968), que finaliza a finales de enero de este año, debiendo revertir la gestión de la AP-6 al Estado a partir del 30 de enero de 2018.

Es una PNL importantísima porque pide que se cumpla con una sentencia del TJUE, consecuencia de los esfuerzos de CCOO y de las asociaciones y plataformas que lo han denunciado” ha declarado Félix Alonso. Asimismo se ha mostrado muy claro respecto al modelo propuesta para la gestión de las autopistas: “Planteamos un modelo muy claro que es el de la viñeta, entendemos que las autopistas y vías rápidas tienen que tener una misma gestión, y ese modelo es el que defiende también la UE”.

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no ha cumplido la sentencia del TJUE que le obligaba, como mínimo, a volver a repetir la adjudicación cumpliendo con la normativa que vulneró en la prórroga concedida en 1999.

Por su parte, López de Uralde ha denunciado que “la concesionaria no ha sido capaz de dar el servicio que los usuarios requieren”; también ha reiterado la petición de dimisión del director general del Tráfico y ha condenado el retraso de las comparecencias, previstas 18 días después de los hechos: “Están dando largas,sólo se está intentando ganar tiempo. Se respondió con una mera campaña de propaganda desde el Gobierno, pero nadie ha asumido responsabilidades por aquellos hechos”, ha concluido López de Uralde.

También han dejado la puerta abierta a otras posibles iniciativas consensuadas con otros grupos parlamentarios.

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