EQUO reclama el cumplimiento de la sentencia de demolición de la urbanización ilegal de Valdecañas

El próximo 16 de octubre a las 11h, están citados en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, en Cáceres, los afectados por la construcción ilegal de la urbanización Marina Valdecañas para un acto de conciliación.

Allí estarán presentes: la empresa promotora, que se presenta a concurso de acreedores dejado impagados 1,5 millones de euros; el Gobierno de Extremadura, que declaró el proyecto como Proyecto de Interés Regional (PIR) y le entrego las subvenciones correspondientes; la asociación de propietarios que buscan ser indemnizados y Ecologistas en Acción de Extremadura y ADENEx, que quiere preservar el patrimonio natural que es de todos, y no permitir que ningún gobierno, ni particular se burle de la ciudadanía saltándose las leyes y haciendo mal uso del patrimonio natural de Extremadura.

EQUO se posiciona al lado de Ecologistas en Acción y ADENEX en su reivindicación del cumplimiento de la sentencia de demolición y espera el reconocimiento y la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de Extremadura que incurrió en un delito al recalificar para ser urbanizados, terrenos que son parte de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA Embalse de Valdecañas), y que afectaba a su vez a áreas declaradas Lugares de Interés Comunitario (LIC). Este es un peligroso precedente de vulneración de la legislación vigente para hacer pasar por la puerta falsa un proyecto insostenible e ilegal, que virtualmente dejaba los espacios protegidos a merced de quien tuviera cualquier proyecto de negocio por incompatible que fuera con la conservación.

EQUO quiere recordar a la población extremeña que este humedal tiene importancia internacional por las especies que lo habitan, muchas en peligro de extinción y que ya han sufrido debido a la construcción del complejo urbanístico.

EQUO no es ajeno al alto coste económico que implica para la región, cumplir con la sentencia del TSJ de Extremadura por lo que esperamos que el Gobierno de Extremadura depure responsabilidades sobre quienes autorizaron y a quienes benefició económicamente la construcción de este complejo ilegal.

No es posible en medio de una crisis económica y medioambiental como la que padecemos, permitir que el interés de unos pocos dañe el patrimonio de todos.

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