Las deudas ecológicas de la democracia moderna, por Florent Marcellesi

Las deudas ecológicas de la democracia moderna

Por Florent Marcellesi, activista ecologista e investigador; miembro del Consejo de redacción de la revista Ecología Política.

Artículo publicado en la revista Ecología Política, n. 42.

El movimiento del 15-M ha puesto en evidencia la profunda deuda que han contraído las sociedades modernas con la democracia. A su vez, la democracia moderna tiene una deuda latente con la ecología política y con su lucha por extender la autonomía personal y la solidaridad colectiva en el espacio (solidaridad transnacional), en el tiempo (solidaridad transgeneracional) y al conjunto de la naturaleza (solidaridad biocéntrica e interespecie). Sobre todo, esta democracia no suele integrar en sus procesos algunos aspectos que, además de ampliar nuestros círculos de solidaridad, son centrales para la transición hacia una supervivencia civilizada de la especie humana: la cuestión de la autolimitación, la representación de los sin voz, la gobernanza glocal y la capacidad de responder a la urgencia ecológica.

En este artículo, no tengo ninguna intención de ser exhaustivo, ni de hallar la solución perfecta. Me ceñiré para cada reto a exponer pinceladas de diagnóstico y de propuestas que espero puedan ser de utilidad para todas aquellas personas inquietas y ansiosas de alternativas, tanto en las instituciones como en la calle.

La democracia de la autolimitación

Ante el carácter despilfarrador de las sociedades occidentales, principal causante de la crisis ecológica, uno de los factores decisivos es la autolimitación (Riechmann, 2008). Dicho de otra manera más institucional, la gestión global de la demanda es una prioridad, no solo en temas más aceptados como el agua o la energía sino también en todos los aspectos del consumo de masas: consumo de carne y pescado, emisiones de CO2, uso de recursos naturales (renovables y no renovables), espacio de tierra disponible, opulencia material aceptable… Por supuesto, establecer límites a nuestro consumo y distribuir los pedazos de naturaleza que nos corresponden según principios de justicia ambiental, y sobre todo de forma ordenada y asumida por todos y todas, plantea un reto de gran magnitud para la res publica.

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